Las asociaciones de víctimas exigen a los jueces de violencia doméstica que adopten medidas preventivas como la prisión «para evitar asesinatos como el de Osuna o el de Benita del Valle». Rocio Mielgo, presidenta de Adavasymt, cree que «la orden de alejamiento es solo disuasoria porque no hay ningún policía al lado de cada mujer para protegerla todo el día».