La crisis de los cayucos ha llevado al Gobierno, a su partido y al principal de la oposición, el PP, a tomar cartas en el asunto desde sus respectivas posiciones para resolver la situación que es de extrema gravedad. Mientras el PSOE ha endurecido su discurso ante la inmigración y los populares proponen modificar la Ley de Extranjería para impedir nuevas regularizaciones extraordinarias, el Ejecutivo no quiere hablar de otra reforma y emplaza a un Pacto de Estado.