Quedan fuera de la medida parados de larga duración y los jubilados con menos recursos. Se incrementa de un 40% al 50% el precio que pagan el resto de ciudadanos por los fármacos. Se creará una central de compras para medicamentos y una tarjeta sanitaria única. El Ejecutivo incluirá un artículo en el derecho español para acabar con esta práctica.